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La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado al INEM y al SEF (El Servicio de Empleo y Formación de la Región de Murcia) por infringir la ley que obliga a proteger la privacidad de los cuatro millones de parados españoles, tras una demanda presentada por un joven desempleado que descubrió un tremendo error en el sistema informático de ambos organismos.